Pacto fiscal: Hacienda convocará a grupo de expertos para calcular aporte del crecimiento a la recaudación y también pedirá asesoría a la OCDE

"Pacto fiscal para el desarrollo".

Así se titular una minuta de 12 páginas entregada por el Gobierno a parlamentarios oficialistas en la que entrega más detalles del anuncio de pacto fiscal dado a conocer por el Presidente de la República, Gabriel Boric, esta mañana en cadena nacional.

En el texto, el Ejecutivo profundiza en los seis ejes del pacto, así como en la estrategia legislativa y en la convocatoria a grupos de expertos que entregarán insumos para diseñar el proyecto que modifica los impuestos a la renta, cuya presentación sería en marzo del próximo año.

Sistema tributario moderno

El primer eje se denomina "principios para un sistema tributario moderno en Chile".

Así, el texto señala que a partir de los resultados de los diálogos por un pacto tributario, desarrollados entre abril y mayo de este año, se expuso un conjunto de principios para un sistema tributario moderno a los representantes de sectores económicos, políticos y sociales.

Dentro de estos principios, el texto destaca el "compromiso con la justicia tributaria", que grave proporcionalmente más a quienes más tienen, que no discrimine entre contribuyentes y que "erradique los abusos a través de la evasión y el uso de resquicios legales para eludir impuestos".

Estos principios también incluyen la reciprocidad, entendida como la obligación del Estado de usar con responsabilidad los impuestos pagados por los contribuyentes; la simplicidad de las regulaciones y declaraciones, considerando especialmente las limitaciones de los más pequeños; la estabilidad y certeza de las reglas de juego en materia tributaria; y la contribución del sistema tributario a la eficiencia económica.

Prioridades de gasto

El eje de prioridades de gasto destaca el financiamiento de la reforma previsional, incluyendo el aumento de la PGU a $250.000 mensuales y el costo fiscal del aumento de 6% de cotizaciones de cargo de los empleadores, todo lo cual totaliza algo más de 1,2% del PIB.

Le siguen transformaciones "claves" en materia de salud, dice el texto, como el fortalecimiento de la atención en consultorios y la reducción de listas de espera en hospitales, así como el desarrollo de un sistema de cuidados de niñas y niños, personas mayores y en situación de discapacidad.

Cierra la lista el compromiso de completar el incremento de US$ 1.500 millones de inversión en seguridad ciudadana, que abarca el mejoramiento de las condiciones operacionales y eficacia de las policías y de la administración de justicia.

En su conjunto, las propuestas en materia de gasto involucran recursos por US$ 8.000 millones, equivalentes a 2,7% del PIB en régimen.

Eficiencia en el gasto

En el tercer pilar de "compromisos de reforma para fortalecer la transparencia, eficiencia y calidad de servicio en el Estado", el Gobierno reconoce la "importancia" en avanzar en un gasto público "más eficiente y transparente, además de la calidad de servicio".

"Para avanzar en estas materias se requiere también realizar el diagnóstico sobre cuál es el espacio real de eficiencia y potenciales ahorros, considerando que no todas las acciones de mejor gestión pública producen necesariamente un ahorro fiscal ni tampoco cualquier ahorro es sinónimo de una buena gestión pública", señala el documento.

Así, Hacienda encargó un estudio al grupo de presupuestos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para calcular los ahorros para el Fisco producto de mejoras en eficiencia, mientras que también convocó a un grupo de economistas chilenos para que calcule el efecto del crecimiento económico sobre la recaudación fiscal.

Este comité estará integrado por José Pablo Arellano, Ignacio Briones, José De Gregorio, Manuel Marfán, Andrea Repetto, Andrea Tokman y Rodrigo Vergara.

La minuta agrega que sin perjuicio del resultado de ambos grupos, el diálogo con diversos actores ha permitido identificar 20 iniciativas "sustantivas" que van el sentido de reforzar la eficiencia, calidad y transparencia del gasto público.

Estas iniciativas están distribuidas en cuatro áreas: calidad y eficiencia del gasto, calidad del servicio e innovación, transparencia e integridad, y disciplina y responsabilidad fiscal

Entre estas medidas, destaca la consolidación de la evaluación de programas y políticas públicas en una agenda cuatrianual, coordinada por una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas;  se anticipa el diseño de un marco normativo común y permanente para el control de aportes a fundaciones y ONG, incorporando las propuestas del comité de expertos recientemente convocado por el Gobierno; en materia de compras gubernamentales, se propone ampliar la cobertura y el fortalecimiento de ChileCompra, ampliar el acceso de MIPYMEs, reducir el plazo de pagos a 20 días en todas las instituciones incorporadas a la Plataforma de Pagos del Estado, y la aplicación de técnicas "modernas" de auditoría e inteligencia artificial para detectar anomalías en compras y transferencias públicas.

Mayor crecimiento

El "impulso al crecimiento a través de la inversión, productividad y formalización de la economía" es el cuarto eje, con 38 iniciativas para impulsar el crecimiento que se divide en tres áreas: inversión pública y privada, productividad y capital humano, y formalización.

Además, en materia de diversificación productiva se han identificado cinco áreas prioritarias (minería, litio, energías renovables, hidrógeno verde y economía digital). "En todos los casos se traza una meta enfocada en el año 2026 acompañada de los instrumentos que permitirán la consecución de esta", señala el documento.

En materia de inversiones, se proponen incentivos tributarios como la depreciación semi instantánea y un fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador sobre la actividad, el empleo y la sostenibilidad ambiental.

Además, se plantea una agenda de racionalización regulatoria para inversiones para reducir en al menos un tercio los trámites para la aprobación de proyectos de inversión, la que incluye una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, al otorgamiento de concesiones marítimas y a las autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, que corresponden a los procesos donde se concentran los "mayores cuellos de botella".

Complementariamente, se propondrá una ley marco que establezca mayores obligaciones de oportunidad a los permisos que otorgan otras entidades públicas y municipalidades.

En materia de productividad, se propone fortalecer los beneficios tributarios a la investigación y desarrollo privada, así como un marco de iniciativas y metas cuantitativas para aprovechar las oportunidades de diversificación de la economía en las áreas de minería sustentable, litio, energías renovables, hidrógeno verde y economía digital.

Por último, se incluyen 17 iniciativas para reducir la informalidad en la economía, tanto a través de la imposición de sanciones y controles a la actividad informal, como incentivos y facilidades para la formalización de empresas.

Los dos proyectos que se enviarán

La fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta es el quinto foco.

Así, la prioridad será la iniciativa de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que incluye medidas que buscan aumentar la recaudación a través de modificaciones legales que no implican un aumento de impuesto. Se estima que estas medidas elevarían la recaudación tributaria en un 1,5% del PIB en términos netos.

La segunda iniciativa estará abocada a la reforma de la tributación a la renta, tanto de empresas como de personas, en la perspectiva de elevar el aporte de las personas de mayores ingresos.

Según el documento, esta iniciativa incluirá los incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, así como beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño, todos los cuales se estima que tendrán un costo fiscal de 0,5% del PIB.

"Para determinar los incrementos de impuestos necesarios para compensar esta menor recaudación y aportar al financiamiento de los gastos prioritarios, se tomará en cuenta el aporte del crecimiento y los compromisos de reforma para fortalecer la eficiencia del Estado para generar espacio fiscal, de acuerdo con las magnitudes estimadas por los procesos de consulta técnica ya citados. Por esta razón, la preparación de esta iniciativa se extenderá a lo largo del segundo semestre", expone el documento.

El Gobierno recalca que dentro de la reforma a la tributación a la renta, se estructurará un nuevo marco normativo aplicable a las empresas de menor tamaño. Este incluye un aumento del límite del actual régimen tributario PYME por volumen de ventas; la creación de un sistema "ultra simplificado de monotributo" para empresas nacientes o en proceso de formalización; un mecanismo de rebaja total y parcial de IVA durante dos años para extender los incentivos a nuevas empresas formales; la eliminación de requisitos y ampliación de estímulos al régimen de tributación transparente, y la incorporación de normas para una transición más gradual al régimen general a las empresas que crecen.

"La magnitud de estas modificaciones conduce al desarrollo de una nueva ruta del emprendimiento, que facilitará la formalización, gestión, financiamiento y crecimiento de empresas de menor tamaño", dice el texto.

Seguimiento del pacto

"Mecanismos institucionales para el seguimiento, monitoreo y evaluación del pacto fiscal" es el sexto y último eje.

Así, el documento señala que se establecerá un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de las medidas implementadas en el contexto del "pacto fiscal para el desarrollo", con tres medidas:

• • Se establecerá una Comisión de Seguimiento que tendrá como objeto resguardar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del pacto fiscal.
  • Al cabo de tres años, el Consejo Nacional para la Evaluación y la Productividad efectuará una evaluación de la implementación del pacto fiscal, identificando el grado de cumplimiento de compromisos y resultados esperados.
• Al cabo de cinco años se encomendará a un organismo internacional la evaluación del impacto económico, fiscal y social del pacto fiscal.